Interino y contrariado 

Es posible que solo sea una trapisonda, una puesta en escena para sacar provecho del es­candalete que tiene a maltraer al gobierno del Frente de Todos, una operación monta­da por quienes tienen intereses políticos más allá de lo estrictamente jurídico. Es probable incluso que los verdaderos protagonistas del desafío a debatir que le plantearon al presidente Alberto Fernández no sean sus alumnos de la Facultad de Derecho de la Universi­dad de Buenos Aires (UBA), pero el hecho noticioso es que el Jefe de Estado fue reprobado por un conjunto de estudiantes -de su clase- por el desteñido mensaje que dio en México sobre el vacunatorio VIP. Resulta que el mandatario nacional se quejó de la investigación que están llevan­do adelante fiscales y jueces y lo calificó como “una payasada”. En la opinión de Fernández el deno­minado “vacunagate” no consti­tuye delito. Pues bien, los alum­nos le salieron al cruce y afirman que sí hay delitos.

Puede que resulte exagerado, pero los estudiantes han desafia­do al profesor a debatir sobre el asunto. “Profesor, la vacunación VIP es un delito”, dice una carta que ha circulado profusamente en las últimas horas por las redes sociales. Presunta­mente esa corrección, con tono de admonición, es de los alumnos, pero no está confirmado. No hay firma que avale el pronunciamiento de tal modo que se pue­de elaborar distintas conjeturas. 

Como sea, la convocatoria se difundió en las redes sociales y es impulsada por la agrupación Franja Mora­da, identificada con el radicalismo. En el transcurso de esta semana, desde México, Alberto Fernández se refi­rió al escándalo que le costó el cargo a Ginés González García y pidió “terminar con las payasadas” a los inte­grantes de la Justicia que imputaron al ex funcionario de Salud. En concreto, aseguró que no existe ningún tipo de figura penal para atribuirle a una persona que se adelantó a otra en la fila de espera. De esta manera el presidente defendió al ex ministro ya que insistió en que este no cometió delito al implementar el vacunato­rio VIP en la sede de la cartera que dirigía.

A su vez, la carta abierta que difundieron los chicos señala: “¿Se anima a decir en un aula de la Facultad de Derecho lo que declaró en México? El vacunatorio VIP es delito”. 

Y continúa: “Bien sabe que si llegara a decir eso en un aula de nuestra Facultad cualquier alumno de pri­mer o segundo año le diría que podría aplicarse, como mínimo y entre otras figuras, la de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario públi­co, tráfico de influencias y/o malversación de fondos públicos (art. 248 y subsiguientes del Código Penal). Mentir así no re­sulta digno de un profesor de una de las facultades de Derecho más importantes del continente. ¿Por qué negar lo innegable? Deje que la Justicia -tan arbitrariamente casti­gada por su espacio político- haga su trabajo”.

Cierran con un desafío, que se acerque a la casa de estudios para debatir sobre la cuestión. Parece mentira, los alumnos corrigiendo al profesor. 

Este episodio obligó a refrescar la carrera docente del presidente Fernández, que si bien es abogado y ha encabezado su propio estudio jurídico, es sabido que su profesión es la de político. Estuvo en todos los gobiernos desde Alfonsín hasta el presente.

Alberto Fernández llegó en 1985 a la Facultad de De­recho de la UBA, pero no es profesor titular, sino ad­junto con cargo provisorio por el cual nunca ha concur­sado. Esto ha motivado manifestaciones de disgusto de docentes con más quilates en la materia. 

Concretamente es profesor adjunto interino en la materia “Teoría General del Delito y Sistema de la Pena”, en el llamado Ciclo Profesional Orientado. La condición de interino indica que no está nombrado por el Consejo Superior de la UBA, a quien compete el nombramiento.